Afectados por el COVID-19, Empresas (PYMES) y trabajadores Autónomos

Pese a la existencia de innumerables informaciones, alertas y advertencias que, desde países previamente afectados e instituciones de toda clase, como cada día se tiene más información sobre todo ello, comenzaron a lanzarse ya desde el mes de Enero de 2020, la gestión de la crisis sanitaria por el Gobierno central ha resultado especialmente deficiente a la par que insuficiente.

Además de venir presidida por la improvisación y la nula capacidad de reacción a los hechos que se iban sucediendo a consecuencia de esta forma de “mal encarar” el problema, en una espiral de errores concatenados, retrasos en la llegada del material sanitario mínimamente necesario, decisiones demasiado que generalistas, que día a día han requerido de corrección, ampliación y modificaciones, y en poco más de 15 días han arrojado toda una serie de Reales Decretos Leyes y órdenes ministeriales, que ocasionan las más absoluta inseguridad para los operadores de cada sector, porque resulta prácticamente imposible saber en qué punto se encuentra cada uno y que decisiones, acciones puede realizar o no, y cuáles son las que le resultan aplicables y cuáles no, o cuales son las medidas a las que puede apelar para intentar paliar las nefastas consecuencias de esta situación.

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Todo lo cual deja en el ambiente una sensación de incertidumbre e inseguridad, que todavía hace más difícil sobrellevar y afrontar una situación como en la que nos encontramos.

Más allá de las obvias consecuencias del contagio de la enfermedad, que resultan nefastas y que han resultado mucho más agresivas de lo esperable, existe otra segunda parte de consecuencias que ya se están derivando y que se van a manifestar durante mucho tiempo y con honda profundidad, como son las consecuencias tanto económicas, en general, como para el empleo, las empresas y los autónomos.

Consecuencias de tal magnitud, que ha hecho que la preocupación de los españoles se centre más que en el contagio de la enfermedad (que a priori debería de ser la primera), en la situación económica que van a quedar a consecuencia de todo esto, como preocupación principal, consecuencias que en muchos casos, van a comprometer incluso su situación social, como ya recogen muchas encuestas que se han efectuado recogiendo el parecer de la sociedad.

Centrándonos en sector de las PYMES, MICROPYMES y de los Trabajadores Autónomos, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial y de movimiento económico y empleabilidad de España, podemos decir con total contundencia, que se trata del sector que con todos los “Packs” de medidas acordadas para paliar las consecuencias del COVID-19, ha quedado más desprotegido y que por lo tanto que se va a ver más perjudicado, que el resto de sectores y colectivos. Y correlativamente, lo van a ser, los trabajadores, puesto que todo este sector es el que mayoritariamente emplea a los trabajadores, y no las grandes empresas españolas, que obviamente son mucho más minoritarias, en número total, y en número global de trabajadores empleados.

La improvisación en la adopción de las medidas, y su poco calado realmente en la situación de las empresas, que en los últimos días han visto completamente paralizada su actividad, si no es que ya la habían visto paralizada con anterioridad con la declaración del estado de alarma, con las terribles consecuencias que ello va a causar, más allá de lo que es el  propio parón temporal, va a llevar a que muchas empresas y trabajadores autónomos queden definitivamente sentenciados, en cuanto a lo que su actividad se refiere, y se sucedan los cierres masivos de negocios y actividades profesionales.

El colofón, ya ha sido el último parón repentino acordado a últimas horas del 29 de Marzo de 2020, que tenía supuesta vigencia desde el día 30, pero que fruto de su tardía publicación y completa ausencia de cualquier tipo de margen de maniobra para las empresas afectadas, tuvo una moratoria en su aplicación de 1 día.

Este parón repentino sin ningún margen provoca que muchas de las empresas afectadas por el mismo vayan a tener que incumplir los contratos que habían concluido con sus clientes, los cuales se van a nutrir de proveedores extranjeros que no tienen paralizada su actividad económica, y que ya se “rifan” el recabar dichos encargos, con la fuga de clientes, más allá del encargo concreto que recaben, que se pueda producir hacia esas otras empresas.

Todo lo cual revierte también en una fuga de ingresos que va a afectar todavía mas a la industria española, lo que augura una crisis de dimensiones desconocidas.

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    La arbitrariedad en las medidas, queda patente, desde el momento que un jueves el Gobierno abogaba por mantener la actividad, y en apenas 24 horas comienzan las opiniones contradictorias de sus miembros, alentadas desde las posiciones de sus socios de Gobierno. Cambio radical de postura que lleva a que el domingo, poco antes de la medianoche, y fruto de la falta de consenso general, se acuerde la hibernación total de la actividad, salvo en las actividades esenciales, con adopción de ciertas  medidas que incluso podrían llegar a tacharse de “intervencionistas” y limitativas de la libertad de empresa (prohibiendo los despidos, por ejemplo, entre otras medidas), bajo el paraguas de la crisis sanitaria, que a este nivel no tiene ninguna justificación y que se va a materializar en un atenazamiento y hundimiento definitivo de muchas pequeñas empresas y autónomos con trabajadores, que si tienen ingresos 0, no pueden hacer frente a ingentes cantidades de gastos estructurales del negocio, sin contar además con ayudas estatales “reales” que palien esta situación.

    Ante esta situación, ya se augura que se multipliquen los procesos concursales, puesto que muchas PYMES y autónomos no van a poder mantener la plantilla en los niveles que se les exige.

    El Gobierno, que es el único que en este momento tiene la potestad y la capacidad de adoptar medidas de una manera rápida y por el procedimiento de urgencia que recoge nuestra constitución, y su normativa de desarrollo, el Real Decreto Ley, se ha situado completamente a espaldas del tejido empresarial español, que realmente es el que mantiene el nivel de empleo, en unos términos que hasta ahora eran favorables, pero que rápidamente van a revertir su tendencia favorable hasta mínimos que todavía se desconocen.

    Absolutamente nada tienen que ver las medidas adoptadas en el resto de países europeos con las adoptadas en España, que más que una ayuda van a suponer una soga que acabe dejando sin aliento a PYMES y Autónomos, puesto que ni tan siquiera la medida que mas podía ayudar, como es una suspensión o condonación de ciertos impuestos o contribuciones mientras dure esta situación (cuotas de autónomos por ejemplo), lo único que se ha hecho es acordar una moratoria, que si ya a día de hoy van a resultar difíciles, de afrontar, de aquí 6 meses, sin recibir ingresos, se va a tornar imposible, puesto que se “deberá” lo anterior y lo en curso, lo que lo hace insoportable.

    Parece que se ha olvidado desde los responsables gubernamentales, que si no hay empresas que empleen a los trabajadores, los trabajadores se van a ver directamente afectados, y va a tener que convertirse la economía en una economía asistencial basada en las ayudas y subsidios públicos, lo que tampoco es sostenible a medio ni largo plazo, habiéndose plasmado las medidas adoptadas en un mero “pan para hoy y hambre para mañana”, en lugar de intentar salvaguardar en la media de lo posible al sector empresarial que mayor empleabilidad proporcionaba en definitiva.

    Resulta claro el desapego que se tiene con este sector, desde el momento que no se consulta, ni tan siquiera, se toma en consideración a sus representantes (patronales y asociaciones de autónomos) y por el contrario sí que se considera, consulta y toma en consideración a otros operadores afectados en relación a los que sí que se han adoptado medidas, para poder conocer las necesidades y “pulsar” su opinión sobre las medidas que podrían considerar que paliarían esta situación y más adecuadas.

    Este desamparo y la improvisación evidente en la toma de medidas que ya ha ocasionado claros perjuicios a día de hoy y que se va extender a otros mucho mayores, y a más largo plazo, como es perdida de producción, clientela, y en consecuencia de facturación e ingresos con los que sostener las empresas  y pequeños negocios y actividades profesionales, no está exenta de responsabilidad, y no vamos a cejar en esfuerzos para explorar todas las vías posibles de reclamación de responsabilidad frente a quien se manifiesten directos responsables de esta situación, a través de los mecanismos legales que nuestro ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición, para en definitiva, intentar salvaguardar y defender los intereses de este importante sector que se ha visto tan “maltratado y abandonado”, ejercitando todas las acciones que se puedan manifestar como las más adecuadas para resarcir los perjuicios ocasionados, en la medida en que sea posible.